Y es que tal como nos hemos incorporado al trabajo, todavía con el roscón de reyes medio atragantado, nos hemos encontrado con el anuncio del consejero de Presidencia de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, de que el Gobierno andaluz aprobará de forma inminente nuevas medidas de simplificación de trámites para impulsar la actividad económica y la creación de empresas en Andalucía, proponiéndose reducir al mínimo las trabas burocráticas que la afectan y agilizar al máximo los procedimientos administrativos correspondientes a la constitución de empresas.
Parece que esta vez la presidenta Díaz afronta con decisión y oportunidad un asunto que todos los gobiernos precedentes se habían planteado sin éxito ya que viene coleando al menos desde el 98 con la aprobación, por entonces, del famoso decreto de creación de “Ventanillas Únicas” para las iniciativas de las PYMES andaluzas que terminó en nada, y de cuya misma filosofía se impregnó en el 2004 la tan cacareada “Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible -- Agenda 21 –“ del por entonces presidente Cháves y que volvería de nuevo a incorporarse al discurso político en el 2009 durante el gobierno del ya ex-presidente Griñán, y que tampoco aportó los resultados esperados.
Entendemos que en una actualidad tan “crítica”,(en la doble acepción de la palabra), un esfuerzo regulatorio de este tipo, (que exige mirarse los adentros), por parte de una gran administración (tan potente como patente) en estos momentos, es ante todo como ya hemos dejado reflejado muy oportuno y será sin duda ninguna muy bien recibido por todos, no sólo por lo que pueda contribuir al beneficio de los partícipes del mercado productivo, sino también para el contribuyente en general que así puede evidenciar la verdadera dimensión del interés de sus Instituciones por verificar y corregir funcionamientos ineficaces, inadecuados o simplemente inconvenientes. Ya consideramos un logro en sí mismo el mero planteamiento y la forma inicial de llevarlo a cabo, por lo que confiamos que a ésta vaya definitivamente la vencida.
Y es que visto el procedimiento que se ha seguido hasta ahora nos parece el adecuado.
Se acaba de poner en conocimiento del Consejo de Gobierno un informe de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo al efecto de su análisis para la mejora de la regulación de dichas actividades, fruto del cual se elaborará un Mapa de Procedimientos de Autorización que servirá de base para la nueva normativa que se centrará en los sectores de mayor peso económico.
Ya en su día desde la Comisión Delegada para Asuntos Económicos se impulsó un Grupo de Trabajo, integrado por la Consejería de la Presidencia, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y coordinado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que ha desarrollado una labor de identificación y evaluación de todos los procedimientos de autorización vinculados al inicio y desarrollo de una actividad económica.
Procesos a simplificar
Se han contabilizado un total de 1.313 procedimientos administrativos competenciales, de los que 691 de ellos se vinculan a la puesta en marcha o desarrollo de actividades económicas. De estos últimos, desde junio de 2011 ya se han simplificado 156, más de la mitad de ellos sustentados en normativa exclusivamente autonómica. Las nuevas medidas previstas mejorarán los 535 restantes (315 con fundamento en la legislación estatal y 220 basadas en la autonómica), además de iniciar líneas de agilización para los trámites de ámbito local.
La normativa que se prepara con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos, abordará directamente estos 220 procedimientos con fundamento exclusivo en la normativa autonómica. Fundamentalmente, la Junta modificará aquellos trámites que puedan facilitar la inversión productiva en los sectores económicos más relevantes; introducirá medidas para reforzar los derechos de consumidores, trabajadores y empresas, y simplificará y evitará duplicaciones en requisitos de creación de empresas como los relativos a inscripciones en registros y renovación de autorizaciones.
Respecto a la simplificación de las 315 autorizaciones basadas en la normativa estatal, el Gobierno andaluz propondrá la priorización de aquellas vinculadas a los sectores de mayor peso económico. La propuesta se presentará ante el Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios, organismo de cooperación entre las administraciones estatal y autonómica que se creó en 2011 con la Ley de Economía Sostenible.
" De los 535 procedimientos que se prevé mejorar, vinculados tanto a la normativa estatal como a la autonómica, 330 (61,7%) afectan al inicio de la actividad económica, mientras que 205 (38,3%) se relacionan con su desarrollo "
De los 156 procedimientos ya simplificados desde la entrada en vigor en junio de 2011 de la respectiva Ley, el 42,9% de los mismos se ha simplificado a través de la adopción del régimen de ‘libre prestación de servicios’, que hace innecesaria la comunicación a la Administración autonómica para el inicio o desarrollo de una actividad económica. En el 28,8% de los casos se ha optado por la fórmula de la ‘comunicación previa’ (limitada a la notificación) y en el 28,2% por la ‘declaración responsable’ (que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos para el desarrollo de la actividad).
Por SECTORES ECONÓMICOS, el 23,7% de las autorizaciones simplificadas se ha concentrado en la construcción; el 20,5% en el comercio y la hostelería; el 18,6% en actividades profesionales y el 7,1% en iniciativas de formación. El resto se reparte entre suministro de agua, gestión de residuos y actividades recreativas y de entretenimiento, información y comunicaciones, así como otras relacionadas con el sector primario.
Finalmente, en relación con los trámites de competencia local, la Junta planteará que las medidas se centren en reevaluar las ordenanzas municipales, con especial atención a las que afectan a actividades económicas en municipios de tamaño medio o grande. Asimismo, un grupo de trabajo con las Diputaciones Provinciales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se encargará de impulsar iniciativas de simplificación en los municipios de menor tamaño.
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